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Nueva ley de cambio climático en Colombia

El día 27 de julio de 2018, el gobierno de Colombia emitió la Ley 1931 por la cual se establecen las directrices para la gestión del cambio climático involucrando tanto al sector público como privado. Con relación al ámbito público hace mención que la Nación, Departamentos, Municipios, Distritos, Áreas Metropolitanas y Autoridades Ambientales deben realizar gestiones en materia climática, especialmente en lo que se relaciona con acciones de adaptación con el objetivo de reducir la vulnerabilidad de la población y de los ecosistemas, además de promover la adopción de acciones que permitan la reducción de emisiones de Gases Efecto Invernadero con las cuales se logre la transición hacia una economía competitiva, sustentable y un desarrollo bajo en carbono.

La Ley establece conceptos tales como autogestión y corresponsabilidad que invitan a la participación activa en la adopción de acciones para la gestión climática, asumiendo la responsabilidad propia para gestionar estrategias de mitigación y adaptación que contribuyan a las metas nacionales definidas en el marco del Acuerdo de París.

La gestión del cambio climático en el nivel nacional consiste en liderar la implementación de la Política Nacional de Cambio Climático, así como los demás instrumentos para lograr que en los planes de ordenamiento territorial se incluyan los lineamientos para incorporar los conceptos y aspectos climáticos.

A nivel departamental, se deberá incorporar la gestión climática en los planes de desarrollo para trabajarlo de manera coordinada con las Autoridades Ambientales y a su vez, en el marco de los Planes Integrales de Gestión del Cambio Climático Territoriales (PIGCCT); herramienta que permite definir la hoja de ruta para el corto, mediano y largo plazo y que facilita el reporte de los avances sobre la contribución que desde la región se realiza a la mitigación y a que el país cada vez sea más resiliente a los efectos climáticos.

Por su parte, los municipios y distritos, deben incorporar la gestión del cambio climático en sus planes de desarrollo, de ordenamiento territorial y en las diferentes herramientas de planificación que consideren pertinentes. Cabe resaltar que deben estar en continua coordinación con el departamento en el que se encuentran y con lo que este defina en materia climática, particularmente en el PIGCCT.

El sector privado es involucrado a través de los Planes Integrales de Gestión del Cambio Climático Sectoriales (PIGCCS) que son liderados por cada uno de los ministerios y el DNP, según el sector económico al que pertenece. En dichos planes se definen las prioridades para la mitigación y adaptación.

Uno de los aspectos más novedosos y representativos de la Ley es que incorpora el Programa Nacional de Cupos Transables de Emisión (PNCTE) como un instrumento económico y financiero para la gestión del cambio climático. “Un cupo de emisión es un derecho negociable en términos de tonelada de C02. Un cupo se redime cuando se utiliza para respaldar la emisión de una tonelada de C02 o su equivalente, durante una vigencia anual. Puede ser redimido en vigencias posteriores a la de su adquisición, pero una vez redimido, no podrá ser utilizado nuevamente”.

El gobierno nacional tendrá 3 años para definir los aspectos regulatorios para llevar a cabo esta Ley, sin embargo, desde ya se ratifica la importancia de trabajar en la incorporación de acciones, desde todos los niveles, que permitan la reducción de emisiones de Gases Efecto Invernadero y la minimización de la vulnerabilidad a los fenómenos climáticos para garantizar la permanencia en el tiempo de los negocios y las actividades que se realizan a nivel territorial.

Si quiere saber qué tipo de acciones pueden contribuir a la gestión climática en su empresa, actividad o gestión territorial puede contactarnos a info@porelambiente.com o al celular 3022523663 y nosotros le ayudamos a construir su estrategia para la gestión climática.